Tres empleados municipales juzgados por un incendio forestal en la Sierra Norte

Tres personas, empleadas del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, se enfrentarán a 9 meses de cárcel, multa de 2.700 euros y el pago de otros 8.729 euros por ocasionar, presuntamente, un incendio forestal en el que ardieron 6 hectáreas del Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla. 

El fuego se desencadenaba cuando dos de los acusados se encontraban soldado, en una jornada de alerta naranja por altas temperaturas, la puerta de un almacén municipal sin haber tomado las medidas de prevención necesarias. 

Los hechos ocurrían sobre las 13:45 horas del 29 de junio de 2015, cuando dos de los acusados, trabajadores del Ayuntamiento, acudían a un almacén municipal del paraje Los Covachos, situado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, para proceder a arreglar unas bisagras de la puerta. 

Ambos trabajadores seguían las “precias órdenes e instrucciones” del encargado de mantenimiento de las instalaciones municipales, el cual también está acusado. Cuando los trabajadores se encontraban soldando con un grupo electrógeno, unas gotas de metal fundido cayeron al suelo y se originó un incendio que no fue extinguido por completo hasta las 21:30 horas del mismo día y que afectó a 6 hectáreas de pasto, matorral y arbolado (encinas y olivos), según el escrito de acusación de la Fiscalía. 

Añade que los trabajadores “no habían adoptado medidas preventivas y de seguridad propias de dicha actividad y de la fecha del año”, “carecían por completo de material y equipos de extinción de incendios y obviaron la circunstancia de que, debido a las altas temperaturas, se encontraba decretada situación de alerta naranja en la zona”.

La defensa 

No obstante, el abogado defensor ha pedido que previamente al juicio, el Ayuntamiento informe sobre los cursos que había impartido en materia de prevención de incendios a sus trabajadores y de los equipos de los cuales disponían para la prevención e extinción de incendios. 

De la misma manera pide que informe de quién fue la persona que dio la orden a estos trabajadores para llevaran a cabo el trabajo de soldadura. Según el abogado, la dotación de medios de prevención y extinción “era responsabilidad del Ayuntamiento, no de los trabajadores”. Y si no disponía de esos equipos, “en ningún caso debió enviarlos a hacer una reparación de riesgo”.

Por eso afirma a este periódico que es “inexplicable que sea subsidiaria y no directa” la responsabilidad civil que pide la Fiscalía para el Ayuntamiento, consistente en el pago a la Junta de Andalucía de los 8.729 euros que costó apagar el incendio.

El juicio se va a celebrar en los próximos meses en un juzgado penal, donde la Fiscalía pedirá para cada uno de los tres trabajadores nueve meses de prisión por un delito de incendio, multa de nueve meses con cuota diaria de 10 euros (2.700 euros) y el pago de los gastos de extinción.

Fuente: Diario de Sevilla