Aprobado o suspenso en la implantación de la Ley de Dependencia en Extremadura

 

Recientemente, un estudio sobre la implantación de la Ley de Dependencia en Extremadura reflejaba, según el II Dictamen del Observatorio de Dependencia, que nuestra comunidad autónoma suspendía. Pues bien, sobre esto se ha pronunciado Juan Carlos Campón, director general de Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), proclamando que lejos de la anterior aseveración,    la calificación de Extremadura sobre este tema es de notable.   Dicho estudio, llevado a cabo por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, asegura que tanto Andalucía, Aragón, Castilla y León y País Vasco, obtienen una puntuación de notable en la implantación de la citada ley, mientras que en el otro extremo se encontraría, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia, no llegando ni al aprobado.   A pesar de todo, Juan Carlos Campón ha reiterado hoy que Extremadura, lejos del suspenso recibido en el estudio, recibiría una puntuación entre un 6,5 y 7, es decir, un notable. El director general del SEPAD también ha afirmado que el estudio "no tiene rigurosidad ni análisis exhaustivo" y "carece de las características básicas para que se le pueda tomar en consideración" ya que "no cita fuentes documentales ni hace referencia a la metodología con la que se ha realizado". De hecho, el informe que, el año pasado analizaba diez indicadores en 700.000 solicitudes presentadas, también suspendía a otras cinco Comunidades Autónomas.   Campón ha aclarado que "los trabajadores sociales, los colegios de profesionales y la Asociación de Trabajadores Sociales de Base de la región no han tenido constancia de las encuestas que el estudio realizaba porque no ha existido un contacto con ellos". De este modo afirma que los resultados obtenidos no se corresponden para nada con la realidad extremeña y que de igual manera carecen de información sobre esta materia. “Además”, continúa Campón, “el informe sugiere que Extremadura no tiene un desarrollo normativo que regule la ley de dependencia cuando desde el pasado 9 de enero cuenta con un procedimiento específico para el reconocimiento del grado de dependencia”. Así mismo, "insinúa que no hay actividades novedosas para el desarrollo de esta ley en Extremadura cuando existen servicios como el programa Concilia, la ayuda a domicilio específica, los distintos servicios nuevos de centros de día y centros de noche"   Según Campón, con estos resultados se está poniendo en tela de juicio el trabajo no sólo de las administraciones "sino también de los profesionales que dedican su tiempo a poner en marcha propuestas tan específicas como éstas". Por ello, ha manifestado que "habría que ser más riguroso y analizar los datos con más perspectivas" en lugar de elaborar el estudio a través de "comentarios y opiniones".