La fotovoltaica de Iberdrola de Usagre salpicada por una posible estafa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llerena se encuentra investigando presuntos delitos de prevaricación urbanística, tráfico de influencias, estafa y corrupción en los negocios en relación con la adquisición de una finca para la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, que la multinacional Iberdrola se encuentra construyendo en Usagre. 

Según informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, hay tres personas citadas a declarar en calidad de investigados el próximo martes. En concreto, se trata de Antonio Luna González, exalcalde de Usagre, José Luis Joló, de la empresa Ecoenergías del Guadiana, y Nicolás Antón García, de Núñez de Balboa e Iberdrola. 

La investigación se inicia en el origen de los acuerdos para alquilar parte de los terrenos donde se levanta la planta, en concreto, una superficie de 520 hectáreas de la empresa Natura Mananger, con sede en Zafra. Según indica su abogada, Dorinda Aventín, en 2012 se firmó un contrato de alquiler hasta el año 2016 que posteriormente se prorrogó a 2018. La renovación dependía de la posibilidad de obtener licencia de obras para una planta fotovoltaica. 

Aventín indica que el conflicto saltó en abril de 2018, cuando el dueño del suelo supo que la empresa Núñez de Balboa había sido adquirida por Iberdrola, a pesar de que existía una cláusula que impedía la transición de derechos sin el reconocimiento de la propiedad. A partir de entonces, los promotores habrían tratado de conseguir la licencia para mantener el contacto con los precios de alquiler del año 2012. A pesar de que hubo ofertas al alza, no se llegó a un acuerdo. En la primavera de 2018 obtuvieron los permisos, pero Avetín afirma que lo hicieron a pesar de que no contaban con la autoridad previa y sin otros requisitos, lo que denunció la Fiscalía. 

La propiedad del terreno se opuso en su día a la concesión de la licencia, que quedó en suspenso. Finalmente, los promotores acudieron a un procedimiento expropiatorio, también ha sido recurrido. 

Iberdrola se defiende

Desde Iberdrola señalan que, cuando adquirieron la empresa Proyecto Núñez de Balboa en 2018, esa sociedad ya era titular de los contratos de arrendamiento firmados “en condiciones de mercado” con los tres propietarios del suelo necesario para la planta. 

De los tres contratos, según Iberdrola, uno de los propietarios “ha venido tratando de bloquear el proyecto, exigiendo unas condiciones económicas muy superiores al valor de mercado para este tipo de terrenos, valores que además han sido aceptados por el resto de propietarios” 

Igualmente, Iberdrola apunta que el proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental, calificación urbanística, autorización administrativa y licencia de obra. Pese a ello, el dueño “se negó a cumplir sus obligaciones contractuales” e impidió la entrada en la finca. A pesar de que se intentó un acuerdo, la compañía afirma que se vio obligada a pedir a la Delegación del Gobierno que iniciara la expropiación.